El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia de Santa Fe expresó su preocupación ante una reciente medida impulsada por la Municipalidad de Rosario que, según advierten, impacta directamente en los profesionales matriculados y en el sistema previsional del sector.
Marcelo Lamberto, presidente de la institución, informó que la semana pasada el intendente Pablo Javkin firmó un decreto que deroga la obligación de presentar comprobantes de aportes al colegio profesional y a la Caja de Jubilaciones al momento de gestionar permisos de edificación, demolición y finales de obra.
Desde el Colegio sostienen que esta decisión contradice leyes provinciales vigentes, las cuales establecen que dichos aportes deben ser verificados por el municipio antes de autorizar cualquier trámite. En ese sentido, remarcan que un decreto municipal no puede estar por encima de una normativa provincial, independientemente de la autonomía local.
Según explicó Lamberto, la medida genera dos consecuencias principales: por un lado, pone en riesgo la sostenibilidad de la caja previsional que alcanza a unas 20.000 familias; y por otro, desvaloriza el ejercicio profesional al eliminar controles vinculados a la habilitación y cumplimiento de incumbencias de los matriculados.
Además, desde la entidad cuestionan que la decisión haya sido presentada como una simplificación administrativa, considerando que el trámite en cuestión demandaba, según indicaron, apenas 24 horas. También manifestaron preocupación sobre cómo se garantizará, a partir de ahora, la verificación de que los profesionales estén debidamente habilitados y sin sanciones.
Otro de los puntos señalados es la falta de consulta previa a los colegios profesionales y a las autoridades de la caja previsional antes de la implementación del decreto.
Frente a este escenario, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo, junto a otras entidades que integran la Caja de Ingenieros, se encuentra trabajando de manera conjunta para revertir la medida. No descartan avanzar por la vía judicial en caso de no obtener respuestas, al considerar que se trata de un “atropello” a los derechos tanto de los profesionales como de los jubilados del sector.
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