Una carta que plantea una realidad incontrastable. Con la firma del Dr Ricardo Griot y del Ing. Adrián Dip, Presidentes de la Delegaciones Rosario y Santa Fe –respectivamente- de la Cámara Argentina de la Construcción le han hecho llegar al Gobernador de la Pcia. de Santa Fe una carta en la cual –después de reconocer condiciones objetivas que llevaron a este momento en la obra pública- plantean como encarar los tiempos que se vienen. “SeñorGobernador de la ProvinciaDR. Antonio J. BONFATTI
S. / D. De nuestra consideración:Las empresas constructoras contratantes de obras públicas de la Provincia, se encuentran en graves dificultades económico-financieras que hacen peligrar seriamente la continuidad de los trabajos encomendados y su propia subsistencia. De hecho, la actividad ha decaído fuertemente y comienzan a notarse signos inequívocos de disminución de la demanda de mano de obra y se están produciendo despidos en cantidades preocupantes.Sabidas son las dificultades financieras de la Provincia que le impiden cumplir puntualmente sus obligaciones de pago de los certificados de obra en los tiempos establecidos en pliego lo que ocasiona graves problemas financieros a las empresas impedidas a su vez de cancelar sus obligaciones impositivas y las contraídas con sus proveedores y personal. Paralelamente valoramos el esfuerzo que están realizando sus funcionarios para conseguir fuentes de financiamiento alternativas para paliar parcialmente estas falencias, que estarían a punto de fructificar de aprobarse los pedidos de endeudamiento extraordinario solicitados a la Legislatura. Si esto es así se solucionaría una parte del problema, pero queremos alertar a Ud. sobre otro tema no menos importante que complica a las empresas tanto o más que el financiero y es el problema de la ecuación económica de los contratos.Para considerar este aspecto fundamental de los contratos, debemos primero evaluar las circunstancias que condicionan fuertemente la economía actual y las reglas que rigen los contratos de obra pública en lo que refiere a las redeterminaciones de precios.En primer lugar, no podemos ignorar que:
Estos elementos aquí enumerados entre otros ha llevado a nuestras empresas a una gran descapitalización, fuerte endeudamiento bancario, imposibilidad de reposición de los equipos amortizados y a la total liquidación de los activos financieros con que otrora contábamos para el financiamiento de las obras, sumado a la escasa y muy cara por cierto, financiación bancaria cuyos cupos hemos agotado, tanto las empresas como los mismos entes públicos. Traducido, las empresas no logramos recuperar a través de los cobros el real valor de lo invertido al construir.Cuál es entonces la fórmula para continuar sin sobresaltos con la ejecución de la tan necesaria obra pública provincial ?En primer lugar y antes de la reanudación a pleno de los trabajos encomendados, hoy ralentizados, o paralizados, necesitamos trabajar en lo sucesivo con valores de obras que contemplen plenamente los gastos reales, para lo cual debe readecuarse la ley de redeterminaciones a la realidad de la economía actual. Como esta medida debe ser orquestada administrativamente y esto conlleva tiempo, del que hoy no contamos, solicitamos:
Queremos volver a resaltar por último que la conclusión exitosa de las obras contratadas y las futuras, solo podrán llevarse a cabo en la medida que tal como lo solicitamos, los próximos certificados de obra se confeccionen con los valores de los ítems a los nuevos precios recalculados con la última tabla publicada al momento de certificar, a fin de que los cobros resarzan los gastos reales en que incurrieron las empresas al construir y que, además, se paguen rápidamente los viejos certificados re determinados para que podamos recuperar los mayores gastos en que incurrimos y que, al no ser cobrados oportunamente, han consumido nuestro capital de trabajo.De no atenderse nuestros reclamos en plazos perentorios veremos lamentablemente la paralización de muchas obras por la imposibilidad de las empresas de continuarlas cobrando menos que lo que invierten y lo que es peor, la desaparición o concurso de más de una de ellas con el consiguiente problema social que significa el despido de administrativos, técnicos y obreros del sector.”