Dos referentes del sector explicaron por qué la provincia debería adherir cuanto antes a la ley nacional.
Al pedido de los empresarios nucleados en la Federación Industrial de Santa Fe y en la Asociación Empresaria de Rosario para que la provincia adhiera a la Ley Complementaria sobre Riesgos del Trabajo N°27.348, sancionada en febrero del 2017 a nivel nacional, se sumaron también referentes de la construcción de Rosario.
En ese sentido, Germán Di Vicenzo, de Dinale S.A. y presidente de la Cámara de la Construcción Delegación Rosario, y Franco Gagliardo, de Obring S.A., dialogaron con ON24 y explicaron por qué sería positivo que Santa Fe apruebe este proyecto de ley, que ya cuenta con la media sanción del Senado y espera por la de Diputados.
“La ley es transversal tanto para los sectores productivos como para las inversiones que algún día tendrán que llegar a nuestro país. Es un paso que la provincia de Santa Fe tendría que haber dado hace rato”, manifestó Gagliardo. “A los sectores que estamos vinculados a la economía real nos resulta bastante inexplicable y hasta no razonable la demora que hay, porque significa incremento de los costos laborales y que se siga alimentando la industria del juicio y no la del trabajo”, remarcó.
Por su parte, Di Vicenzo apuntó que “las provincias que ya han adherido mejoraron a la baja las alícuotas de las ART, por lo que nosotros entendemos que el impacto de esta ley es positivo tanto para el costo laboral como para el trabajador, porque resuelve su resarcimiento mucho más rápido”, sostuvo Di Vicenzo. “A nadie le sirve tener un juicio durante cuatro o cinco años, porque eso pasa a ser negocio de otro”, agregó.
Para el empresario, debido al costo que implica la judicialización, el hecho de no adherir a la normativa “impacta en la menor cantidad de mano de obra que se emplea”. Y en ese sentido indicó que desde la Cámara “estamos pidiendo la aprobación permanentemente, pero la Provincia lo viene demorando”.
“Si bien el índice de siniestralidad en nuestra actividad viene bajando, las pólizas cada vez son más onerosas respecto a la facturación y eso tiene que ver con la litigiosidad”, explicó. De esta manera, subrayó, “la judicialización termina siendo un problema de costo importante, mucho más si nos comparamos con provincias que tienen alícuotas mermadas por la nueva ley de ART”.
Consultados sobre si la ley nacional perjudica en algún punto a los trabajadores, ambos coincidieron en la respuesta: “Para nada; al contrario, esto agiliza todos los procesos indemnizatorios para el trabajador ante algún tipo de accidente o demanda”, señaló Gagliardo. “No habría un juicio interminable y eso también baja los costos de las ART e incentiva al empleador a crear más fuentes de trabajo. Todo lleva a un círculo virtuoso”, recalcó.
“Parece que la competitividad la ganamos cuando sube el dólar, pero nosotros tenemos que ser competitivos más allá del dólar, tenemos que lograr eficiencia en la producción y eso se logra bajando los costos directos”, finalizó el director de Obring.
Fuente: Redacción ON24