Por el Ing. Civil Guillermo Rossler, Presidente del CPIC.
Las respuestas a estas preguntas seguramente implicarían responsabilidades penales.
La Ley de Educación Superior N° 24.521 en su art. 43 distingue ciertas profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés publico poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad,…, para las cuales definen actividades reservadas exclusivamente a ellos. Entre estas profesiones están incluidas la medicina y la ingeniería civil. Para estas profesiones
Desde este Colegio en varias oportunidades hemos llamado la atención sobre ciertas tareas, tales como las intervenciones en la vía pública, rutas, autopistas, calles, que deben ser estudiadas, planificadas, decididas y diseñadas por profesionales de la ingeniería civil.
Sin embargo, con lamentable frecuencia se ve que se toman desde el Estado decisiones sin que participen quienes, por ley son los únicos habilitados para hacerlo, o bien su participación se reduce a detalles mínimos sobre decisiones ya tomadas de antemano.
A modo de ejemplo cabe recordar que hace algunos años se hicieron dos numerosas convocatorias para cubrir cargos en la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Llamaba la atención que en los casi cincuenta cargos que se requerían había numerosos contadores, abogados, psicólogos, diseñadores gráficos…. y un (si, leyó bien, solamente uno) ingeniero civil. Es decir que para estudiar y diseñar soluciones a los problemas de seguridad vial de los miles de kilómetros de la provincia se partía de una materia gris totalmente inadecuada.
Recientemente se dió a conocer un reclamo de la asociación del personal profesional de Vialidad Nacional alertando sobre numerosas designaciones en puestos de perfil netamente ingenieril de personas con cualquier otro título, o directamente sin título alguno.
¿Cuál sería la reacción de la sociedad si se designara como jefe de terapia intensiva o de cirugías en un hospital a un abogado, un contador o un ingeniero? El sentido común, y la ley, indican que debe ser un médico, es más, con la especialidad correspondiente.
Esta verdad de Perogrullo, sin embargo, no parece aplicarse a la ingeniería civil.
Las consecuencias están a la vista.
Ciertamente la seguridad vial está en problemas en la Argentina. Parte de los problemas están relacionados con la vía. Los únicos formados y habilitados para esto son los profesionales de la ingeniería civil.
El genuino reclamo para la reducción de accidentes, que generalmente termina derivando en la colocación de un lomo de burro, debería en realidad se estudiado por quien corresponde, para diseñar soluciones que no generen o agraven el problema.
Los lomos de burro han estado involucrados en numeroso accidentes fatales. Se podrá argumentar que la víctima circulaba con exceso de velocidad o distraído, lo que tal vez pueda ser cierto en algunos casos. Pero la sanción por un exceso de velocidad o distracción no puede ser la pena de muerta de ejecución sumaria.
El buen diseño vial debe ser tolerante a las fallas, ya que los actores del tránsito somos humanos y por lo tanto podemos cometer errores. Hay muchas medidas que se pueden adoptar sin llegar a colocar un lomo de burro, o un badén disparatado, pero para esto debe intervenir quien está formado para esto, al menos en todo lo que corresponda a la vía.